Tegucigalpa – El representante del Partido Nacional en el Consejo Consultivo, Fernando Anduray, manifestó que si los bancos no quieren otorgar la garantía de cumplimiento es porque la empresa MSA, S.A no tiene la capacidad y la experiencia para la transmisión de resultados electorales.
-Hay que proceder de inmediato a la adjudicación y contratación de otra empresa, recomienda
El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la presidencia de la consejera Ana Paola Hall, le adjudicó la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las próximas elecciones a esta empresa.
El mismo Anduray denunció que está empresa logró la adjudicación de este contrato bajo falsificación de sus documentos, ya que no tiene la capacidad para el trabajo encomendado.
“Después de 100 millones de dólares invertidos en el proyecto Identifícate, los hondureños deberíamos estar hablando de que ya todo mundo tuviese su tarjeta de identidad en la mano”, expresó Anduray.
“También que todos los procesos de inversión que hay para la compra de equipo electrónico para las elecciones, vayan a funcionar correctamente”, añadió.
“Resulta que la empresa que contratan para el software de transmisión de resultados, es una empresa que nunca ha transmitido resultados en elecciones, que nunca ha podido montar un proceso de transmisión de resultados, más que de voto electrónico en provincias pequeñas y que presenta adulteraciones en las constancias que acreditan para su experiencia internacional”, denunció.
“A eso se le suma la falta de capacidad financiera para que un banco le pueda vender una garantía de cumplimiento”, señaló.
“Si los bancos no quieren hacer esa venta de la garantía de cumplimiento es porque la empresa no tiene capacidad ni experiencia para este tipo de cosas”, aseguró.
El experto en temas electorales manifestó que ahora le toca al CNE actuar de oficio y pasar este caso al ámbito legal judicial.
Así como pensar en la adjudicación de otra empresa para que transmita los resultados preliminares de las elecciones del 28 de noviembre próximo.
“Cuando se descubre un fraude o una adulteración de documentos, se envía el caso a la Fiscalía General del Estado”, expresó.
“También de debe cumplir la Ley de Contratación del Estado, si la empresa no presenta la garantía de cumplimientos, tiene que proceder de inmediato a buscar otra empresa, podría ser la que quedó en segundo lugar”, concluyó.
Unos 150 millones de lempiras le costará al Estado la contratación de un TREP para las próximas elecciones
