Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, reveló que están admitidos dos recursos de inconstitucionalidad en contra de la junta directiva del Congreso Nacional.
No obstante, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, aclaró que hay 14 recursos de inconstitucionalidad introducidos a través de la secretaría de la Sala de lo Constitucional, de los cuales dos han sido admitidos, pero es contra el decreto de amnistía política que aprobó el Congreso Nacional encabezado por Luis Redondo cuya elección está siendo cuestionada.
Los recursos están siendo analizados en la Sala de lo Constitucional. “Tenemos entendido que hay al menos dos recursos de esa naturaleza presentados ante la Sala de lo Constitucional”, declaró Argueta.
Detalló que se está verificando los procedimientos establecidos y exigidos en la Ley sobre Justicia Constitucional.
Durante los próximos meses, entre finales del 2022, la Sala de lo Constitucional se pueda pronunciar sobre estos dos recursos de inconstitucionalidad, según indicó.
La legalidad de la junta directiva del Congreso Nacional presidida por Luis Redondo nunca dejó de estar en debate, debido a la forma es que fue electa. Las iniciativas que estaban “engavetadas” y ahora toman “fuerza”.
Al respecto, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, declaró que, si la CSJ quiere conflicto, pues lo tendrá; en relación a los recursos admitidos por el Poder Judicial, sobre la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional.
En su cuenta de Twitter, Sandoval denunció que hay grupos de poder (sin señalar nombres) intentan adueñarse del Congreso Nacional.
El congresista aseveró que desde el Legislativo lucharán por la elección de una nueva CSJ que esté al servicio del pueblo.
“Estamos en lucha permanente, hoy los grupos de poder, otra vez intentan apoderarse del @Congreso HND, sí la CSJ quiere conflicto, conflicto tendrá. El pueblo tiene identificado sus enemigos de clase. Y vamos a luchar por tener una corte de justicia del pueblo, cueste lo que cueste”, posteó el miembro de la actual Junta Directiva que preside Luis Redondo.
Hace unos días, la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) tras reunirse en Asamblea, demandó que, “les preocupa” la legitimidad o no de la junta directiva del Congreso Nacional, por lo que pidieron a la Sala Constitucional o Corte Suprema de Justicia (CSJ), a que se pronuncie y aclare dicho tema.
“Nos preocupa sobremanera la incertidumbre que existe entre la ciudadanía hondureña y sectores de la comunidad internacional sobre la legitimidad o ilegitimidad de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional, a la luz del artículo 195 de la Constitución de la República”, expresaron los obispos en su comunicado.
“Instamos a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como otros entes afines, se pronuncien sobre esta situación y se aclare definitivamente, contribuyendo de esta manera al correcto caminar democrático del país”, señala el escrito.
Todo inició cuando en la instalación del Congreso Nacional fueron elegidas dos Juntas Directivas, en una fue seleccionado el diputado Jorge Cálix como presidente y en otra fue impuesto el diputado Luis Redondo.
Por varias semanas las dos directivas funcionaron de forma paralela, pero al final se acordó al interno del partido de gobierno respetar un pacto establecido entre el partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH).
Sin embargo, el tema de la legalidad no quedó claro, pues la presidencia de Redondo en un inicio no tenía todo el apoyo, y ahora se pide una legalización de la junta directiva actual.
El debate también se acrecentó debido a la ruptura de la alianza entre Libre y el PSH, y como se sabe, Luis Redondo llegó a la presidencia del Congreso debido al acuerdo entre las dos fuerzas políticas.
Otro aspecto es que la directiva de Redondo fue quien juramentó a la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la CSJ, y uno de sus miembros (Olban Valladares, representante de la iniciativa privada) no reconoce a la actual junta directiva del Legislativo, y en todo caso si eso fuera así, la junta del Congreso sería ilegal, y la nominadora también.
Las declaraciones de Valladares han sido calificadas de “peligrosas” y pondrían en riesgo todo el proceso de elección de la CSJ, al ser un tema donde se juegan muchos intereses económicos y políticos.
Además, existen argumentos de que la legalidad o legitimidad de la junta directiva del Congreso es una condición de Naciones Unidas para que se instale la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pero desde el Gobierno lo niegan.
El canciller Eduardo Enrique Reina reaccionó a declaraciones que dio el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, quien asegura que para que el mecanismo anticorrupción venga al país, es necesario que se proceda a legalizar la junta directiva.
En ese sentido, Reina dijo escuetamente que en las reuniones sostenidas con la secretaría general y equipos de la ONU “el tema de la legalidad y legitimidad de la junta directiva no ha sido punto de agenda, condición o duda”.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, dijo que la legalidad de la Junta Directiva no se debe cuestionar y no es tema de trascendencia, por lo que hoy más que nunca se encuentran firmes, coherentes y consistentes porque están legalmente constituidos.
Recalcó que la junta directiva que preside el congresista Luis Redondo, fue legalmente constituida en la fecha y lugar establecido, por lo que a ocho meses de la primera legislatura el tema que, si es legal o no, ya no tiene trascendencia.
