Tegucigalpa – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, ha alertado sobre la gravedad de la trata de personas en Honduras, especialmente para niñas, niños y mujeres.
Este flagelo representa un desafío para el Estado hondureño, ya que ataca la libertad y la dignidad de los seres humanos, socavando los derechos individuales y generando efectos insuperables en las víctimas y sus entornos familiares y sociales.
La trata de personas se ve alimentada por los desplazamientos forzados y las desigualdades económicas, que llevan a altos niveles de pobreza y miseria, aumentando los riesgos de ser víctimas de traficantes.
Aquellas personas con limitado acceso a la educación, atención médica, empleo digno, y que sufren discriminación, violencia o abusos, son objetivos frecuentes de los traficantes.
Blanca Izaguirre hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para unir esfuerzos en la prevención, identificación y apoyo a las víctimas, así como para poner fin a la impunidad.
La trata de personas es un fenómeno complejo que requiere coordinación entre todos los sectores y suma de esfuerzos en prevención, protección y asistencia a las víctimas.
Este delito es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, afectando la dignidad y el buen nombre de las víctimas.
Aunque exista subregistro, se estima que la trata y el tráfico de personas afectan a Honduras, con especial atención a hondureños de la diversidad sexual, migrantes, desplazados internos, personas con discapacidad, menores trabajadores, hijos de padres emigrantes y quienes viven en zonas controladas por grupos de delincuencia organizada.
Según datos recabados hasta mayo de 2023, se han rescatado 16 víctimas de trata, siendo el 38% niñas, niños y adolescentes entre 10 y 15 años, el 32% mujeres y el resto, hombres y miembros de la población LGTBIQ+.
Entre 2019 y 2021, se investigaron alrededor de 320 casos de trata de personas, mayormente vinculados con explotación sexual y trabajo forzado. Al menos 107 casos fueron llevados ante los tribunales, resultando en 66 condenas.
Es urgente tomar medidas para combatir este delito y proteger los derechos de las personas vulnerables en Honduras, trabajando en conjunto para erradicar la trata de personas y garantizar un entorno seguro y justo para todos.
