Tegucigalpa – La actual Ley de la Junta Nominadora tiene vicios de nulidad de forma y fondo, según Áfrico Madrid, director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos.
El analista consideró que dicha normativa dio facultades y competencias excesivas violatorias de los derechos humanos, esto a días que se elijan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del periodo 2023-2030.
«Tiene vicios de nulidad de forma, porque fue establecida o aprobada mediante la convocatoria, dirección, coordinación y las firmas que calzan en ese decreto son de diputados que están usurpando actualmente la junta directiva del Congreso Nacional», argumentó.
«Y de fondo (porque) son contrarios a los derechos humanos consignados en la Declaración Universal, Pacto de San José y en la Constitución», acotó.
Madrid aclaró que no se refiere a los miembros que integran la junta, sino a las capacidades del órgano colegiado.
Sin embargo, el analista manifestó que para evitar reclamos por la nueva CSJ, la Junta Nominadora debería enviar la totalidad de candidatos que se autopostularon (185) para ser magistrados y que la directiva del Legislativo se ratifique antes de la elección.
Luego de los aspirantes descartados, son 82 abogados que siguen en carrera para integrar el Pleno del Poder Judicial.
La Junta Nominadora tiene como fecha límite el 23 de enero, para enviar al Congreso Nacional una lista de al menos 45 candidatos, los que reciban la mejor evaluación.
Posteriormente, el 25 de enero los 128 diputados elegirán a los nuevos 15 magistrados de la CSJ para el periodo 2023-2030.
