Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió este jueves que el proyecto de Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional (CNDS) es un paso positivo para fortalecer la independencia y separación de poderes; no obstante, presenta potenciales riesgos en materia de control legislativo y judicial que deben tener las acciones encaminadas a la seguridad nacional.
El análisis del capítulo hondureño de Transparencia Internacional incluye una comparación con la Ley de Seguridad Nacional (LSN) de México que data de 2005 y varias recomendaciones, en aras de contribuir al debate constructivo para crear espacios de confianza y trabajo colaborativo entre diferentes sectores de la sociedad hondureña. Cabe señalar que, en 2013, la ASJ realizó un análisis del marco legal e institucional del CNDS, como parte de una de las primeras investigaciones a los fondos de la Tasa de Seguridad.
El diagnóstico presentado destaca que, en términos comparativos, el proyecto de Ley de Defensa y Seguridad Nacional de Honduras copia 20 de los 23 artículos de la LSN, la cual ha sufrido hasta ahora cinco reformas, por lo que la experiencia mexicana de 15 años de implementación brinda importantes lecciones.
Unos de los principales desafíos que ha tenido la LSN es que genera excepciones al Poder Ejecutivo para alterar sus obligaciones legales bajo el argumento de seguridad nacional, especialmente en el manejo de presupuestos, procesos administrativos y compras, apunta el análisis.
En ese sentido, uno de los potenciales riesgos identificados es el de utilizar legislación extranjera sin tomar en cuenta el contexto de país y capacidades institucionales, que implican retos en su implementación sin considerar la capacidad instalada del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Por otro lado, existe riesgo de limitar los controles legislativos y legales, pues el proyecto de ley hondureño únicamente plantea como mecanismo de rendición de cuentas la responsabilidad del secretario ejecutivo de entregar informes anuales al Congreso Nacional, sin garantizar un efectivo control multipartidario y sin posibilidad de prevenir cualquier abuso o afectación en los derechos de las personas.
De igual manera, se plantea el riesgo de otorgar superpoderes de representación y decisión al secretario ejecutivo del Consejo, sin diferenciación entre secretario ejecutivo y técnico, al unificar ambas funciones en una sola persona.
La ASJ recalcó que el proyecto de ley constituye la punta de la lanza de una nueva política de Estado en materia de seguridad nacional, por lo que considera oportuno que el Congreso Nacional se asesoré de expertos y organismos especializados en la materia para asegurar un trabajo más riguroso.
Agregó que es recomendable reducir aspectos de ambigüedad que pueden dar oportunidad a la interpretación discrecional del poder político del momento y delimitar conceptos de defensa y seguridad nacional bajo un enfoque democrático y de Estado de derecho.
Además, sugiere el fortalecimiento de capacidades técnicas de las instituciones involucradas, del control legislativo en materia de seguridad nacional y de legalidad y garantías personales.
Finalmente, recomendó incluir un procedimiento de reserva de información en materia de seguridad nacional en línea, con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los estándares internacionales. Asimismo, aconsejó que el informe anual del CNDS sea conocido por todos los partidos políticos en el Congreso Nacional y una versión revisada por el Instituto de Acceso a la Información Pública para consumo de la ciudadanía.
