Tegucigalpa – La Fiscalía hondureña dio un importante paso este lunes en la lucha contra la corrupción al presentar un requerimiento fiscal contra nueve personas acusadas de defraudar al Estado en más de 27 millones de lempiras a través de una organización no gubernamental aparentemente creada para este propósito.
Entre los principales señalados figuran los ex diputados del Congreso Nacional Rodimiro Mejía, José Vicente León Rojas y Perla Simons Morales, quien actualmente ocupa el cargo de decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Las investigaciones del Ministerio Público revelan que la Organización Inclusión Honduras Internacional (OIHIN), fundada el 21 de marzo de 2010, habría funcionado como un mecanismo para el desvío sistemático de fondos estatales. Estos recursos provenían principalmente del Fondo Departamental otorgado por el Congreso Nacional y del Fondo Rotatorio de la ahora extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).
También fueron acusados Dalia Esmeralda Palma Sánchez, quien fungía como representante legal y administradora de la OIHIN, así como José Wilfredo Flamenco Ramírez y Laura Rosa Sánchez García, miembros fundadores de la junta directiva de la organización. El requerimiento fiscal incluye además a José Wilfredo Flamenco Acevedo, Miguel Ángel Hernández Mejía y David Abner Flores Montoya.
Según detalla la acusación, los imputados habrían manipulado fondos destinados a 17 proyectos sociales para la reducción de la pobreza. El mecanismo utilizado consistía en la emisión de cheques a favor de particulares y empresas sin ninguna justificación legal, desviando así recursos que debían beneficiar a comunidades vulnerables.
El período en que se habrían cometido estas irregularidades abarca desde 2011 hasta 2017, evidenciando un patrón sostenido de malversación de fondos públicos que ahora deberá ser evaluado por las autoridades judiciales correspondientes.
Este caso se suma a otros esfuerzos del Ministerio Público por investigar y procesar actos de corrupción vinculados al manejo de fondos para proyectos sociales, un área particularmente sensible en un país donde la pobreza afecta a un alto porcentaje de la población.
