Tegucigalpa – Una grave acusación sobre la resistencia institucional a la lucha anticorrupción en Honduras fue lanzada por Gabriela Blen, representante de Articulación Ciudadana por la Transparencia y Justicia, quien denunció una presunta colusión entre los tres poderes del Estado para obstaculizar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Durante su participación en el programa 30/30 de TSi, Blen señaló que la reciente declaración de constitucionalidad del decreto 04-2022 sobre amnistía política por parte de la Corte Suprema de Justicia evidencia la resistencia institucional al establecimiento de la CICIH.
La experta enfatizó la necesidad de distinguir entre la amnistía por persecución política y aquella que podría proteger a funcionarios acusados de corrupción.
El panorama se complica ante las exigencias de la ONU, que ha establecido nueve medidas necesarias para la instalación del mecanismo anticorrupción, de las cuales solo tres han sido aprobadas por el Congreso Nacional.
Entre las reformas pendientes destacan modificaciones al Código Procesal Penal, revisiones a la inmunidad parlamentaria y cambios en el procedimiento para juzgar a altos funcionarios.
César Espinal, del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del CNA, fue categórico al afirmar que «sin estas medidas, la CICIH no vendrá», mientras que otros expertos señalan que la falta de voluntad política, especialmente de los partidos Nacional y Liberal, ha obstaculizado las reformas requeridas.
A pesar de que el memorándum de entendimiento con la ONU fue prorrogado por cuarta vez en diciembre, la implementación de la CICIH enfrenta desafíos significativos que ponen en duda el compromiso real del Estado hondureño con el fortalecimiento de la lucha anticorrupción.
