Tegucigalpa. – El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), efectuaron la detención del agente de Policía, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, quien fue puesto a disposición por las autoridades de la Secretaría de Seguridad tras ser acusado por el delito de femicidio agravado en perjuicio de la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
De inmediato un equipo de agentes del Departamento de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones de la ATIC, lo trasladará hasta los juzgados de La Esperanza, Intibucá, para el proceso penal correspondiente.
Este caso de alto impacto fue coordinado técnica y jurídicamente por fiscales de las secciones de Investigación de Muertes Cometidas por Miembros de los Cuerpos de Defensa y/o Seguridad, Orden Público o Funcionarios del Estado y de Feminicidios, en conjunto con agentes de la ATIC que han investigado otros casos de muerte violentas de mujeres y femicidios.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público este crimen se registró el 7 de febrero de 2021 al interior de una de las tres celdas de la Unidad Departamental Policial Número 10, con sede en La Esperanza, Intibucá.
En cuanto a la participación del policía de la escala básica requerido, las investigaciones y pericias técnicas científicas determinan que estuvo en el interior de la celda donde permaneció privada de libertad la joven, de cinco a seis minutos y luego se mantuvo afuera del recinto de forma sospechosa y sin retornar a su posición de asistente del comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las celdas y custodia de los detenidos.
Los fiscales e investigadores además determinan que existió manipulación en la escena del crimen por parte del mismo policía acusado por este hecho.
Como se recordará el Ministerio Público a través del dictamen de la Dirección General de Medicina Forense, reveló en su momento que la causa de muerte de la estudiante de enfermería fue por asfixia mecánica, mientras se continúa con la realización de otros exámenes para verificar la hipótesis de que la manera de muerte fue homicida.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y la ATIC, aseguró desarrolla una investigación objetiva, a fin de encontrar la verdad y deducir la responsabilidad penal si los otros exámenes y las pericias confirman que la joven fue ultimada mientras estaba bajo la responsabilidad de los agentes de la Policía Nacional.
Finalmente, los investigadores de la ATIC realizaron varias de las pesquisas en consonancia con el Manual de Protocolo Latinoamericano de Muerte Violentas de Mujeres socializado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que se convierte en el primer y novedoso caso trabajado en ese sentido.
