Tegucigalpa – El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha logrado obtener un auto de formal procesamiento contra tres exdiputados acusados de fraude en relación con la sustracción de más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional.
Los excongresistas implicados son Fredy Espinoza Mondragón, Miguel Ángel Gámez y Gladys Bernarda Casco Cruz. Un juez especializado en criminalidad organizada y corrupción dictó medidas distintas a la prisión preventiva para los imputados, quienes deberán presentarse cada 15 días ante un tribunal y tienen prohibido salir del país.
Este caso también involucra a los exdiputados Sara Medina Galo y Carlos Roberto Guevara, además de José Sánchez, representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH). El 16 de diciembre de 2023, se les dictó auto de formal procesamiento con medidas alternativas a la prisión preventiva por el delito de fraude.
Según el requerimiento fiscal, los diputados gestionaban recursos a través del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales mediante ONGs. Sin embargo, una vez realizados los desembolsos, los fondos eran transferidos de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos congresistas y otros diputados.
Los fiscales del Circuito Anticorrupción señalaron que parte de los fondos también fueron desembolsados a particulares que los utilizaban para fines distintos a los previstos. Además, se identificaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios bajo la justificación de ser destinados a proyectos de desarrollo social.
El origen de los recursos provino de 82 transferencias realizadas desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta bancaria de AJOPADIH, acumulando una suma durante un periodo de seis meses. Se detectó que uno de los imputados, actuando como cooperador necesario, firmó en las cuentas de la ONG y se autoacreditó 28 millones de lempiras, además de realizar depósitos a 26 cuentas particulares, incluyendo las de los exdiputados acusados. El resto del dinero fue transferido a terceros sin justificación.
El Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, y continuará trabajando para erradicar este flagelo que tanto daño causa al pueblo hondureño.
