Tegucigalpa – El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, admitió que la situación en el Instituto de la Propiedad (IP) ha adquirido tintes políticos, pero subrayó que la labor de la Comisión Interventora es esencialmente poner orden y preparar un informe exhaustivo para la presidenta Xiomara Castro.
El secretario Pastor insistió en que la intervención responde a señales claras de corrupción y no constituye una persecución política. “El enfoque está en los delitos, no en las personas.
Estamos particularmente preocupados por el uso discrecional de los fondos públicos, que ascienden a más de 18 mil millones de lempiras manejados a través de un fideicomiso tanto en la administración anterior como en la actual,” señaló.
Pastor de María añadió que es crucial determinar cómo se gastaron esos fondos y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia si se hallan irregularidades.
En cuanto a la politización del asunto, reconoció su existencia, atribuyéndola a la reacción de Jorge Cálix, quien se ha sentido directamente implicado. Sin embargo, aclaró que esto no se traduce en una persecución y remarcó que la ley defiende la presunción de inocencia.
El ministro aclaró que no existe intención de perjudicar a Jorge Cálix. “Jorge Cálix simplemente no comparte nuestra visión política ni el proyecto del gobierno de Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación, y parece más interesado en impulsar su propia agenda en detrimento del gobierno,” explicó.
Por último, el ministro Pastor indicó que no hay planes inmediatos de intervenir otras instituciones, aunque no descartó futuras investigaciones si se descubre corrupción en otras áreas del gobierno.
