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MP asegura 37 bienes del expolicía Mauricio Hernández Pineda en la operación «El Primo»

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Tegucigalpa – El Ministerio Público ha lanzado la Operación «El Primo» como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción y el crimen organizado en Honduras.

En esta operación, se están llevando a cabo cuatro allanamientos de domicilios en los departamentos de Cortés y Copán, dos áreas que han sido identificadas como puntos clave de actividades ilícitas.

Estos allanamientos son parte de un conjunto de medidas destinadas a asegurar 37 bienes que se sospecha tienen un origen ilícito. Entre estos bienes se incluyen ocho propiedades, dos vehículos y 27 productos financieros, todos registrados a nombre del expolicía Mauricio Hernández Pineda.

Hernández Pineda recientemente se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las diligencias están siendo llevadas a cabo por la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito de la FESCCO, en colaboración con agentes especializados en la lucha contra el crimen organizado de la ATIC.

Estos esfuerzos han revelado la presencia de capitales y activos relacionados con el exalto jefe policial y su círculo familiar en los municipios de Choloma, Puerto Cortés, Omoa y Santa Rosa de Copán.

Según las investigaciones, el exoficial ha adquirido varias propiedades y ha aumentado su patrimonio de manera injustificada, con la identificación de inmuebles de alto valor.

El gobierno de los Estados Unidos ha acusado a Hernández Pineda de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo conspiración para traficar cocaína a los EE. UU., proporcionar seguridad armada para envíos de drogas y recibir ganancias significativas del tráfico de drogas.

El Ministerio Público ha destacado que continúa trabajando en líneas de investigación abiertas antes del inicio del juicio del ciudadano Juan Orlando Hernández, y está abriendo nuevas diligencias para el esclarecimiento de los hechos y el ejercicio de acciones penales que correspondan contra los responsables, ante los juzgados y tribunales de la República.

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