Tegucigalpa – En los últimos días, los periodistas hondureños Elías Aguilar y Karen Mejía han abandonado el país debido a las constantes amenazas en su contra y la falta de respaldo por parte del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la insuficiente investigación llevada a cabo por el Ministerio Público.
Elías Aguilar, reconocido periodista en el ámbito de la televisión, prensa digital y comunicaciones de la Policía Nacional, explicó que presentaron una denuncia en 2018. «Ambos ejercíamos nuestra labor periodística en Honduras, y las primeras amenazas se produjeron el 28 de mayo de 2017, cuando mi esposa y yo fuimos intimidados por miembros de organizaciones criminales mientras transitábamos con nuestras hijas en la colonia Tiloarque de Comayagüela, donde hemos vivido durante los últimos 10 años», relató Aguilar, esposo de la también periodista Karen Mejía, quien ha trabajado como reportera en varios canales de televisión.
«Las amenazas fueron directas hacia mi esposa y hacia mí, utilizando frases como ‘aquí somos alérgicos a los chismosos y a los delatores’. También nos advirtieron de que pagaríamos un alto precio si estábamos involucrados en algo», explicó el periodista.
Presentaron de inmediato la denuncia ante el Ministerio Público, específicamente ante la fiscalía encargada de la protección a defensores de derechos humanos y periodistas. «La denuncia fue tramitada, pero no se llevó a cabo una investigación exhaustiva de los hechos», expresó Aguilar.
«Al no recibir apoyo por parte del Estado, continuamos trabajando en diferentes medios de comunicación tomando precauciones. Sin embargo, en los últimos meses las amenazas han regresado», agregó.
A principios de diciembre de 2022, una mujer plenamente identificada por las autoridades ingresó a su vivienda para robar equipos informáticos en los que almacenaban información y reportes de su trabajo. Aguilar presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, pero fue remitido a la Dirección Policial de Investigaciones, donde le tomaron declaración y le informaron que se le asignaría un agente para el caso. Sin embargo, en dos ocasiones, un oficial se comunicó con la pareja de periodistas y luego abandonó el caso del robo.
«Autoridades nos dijeron que si la mujer intentaba ingresar nuevamente a nuestra vivienda, debíamos llamar a la línea de emergencia 911, la cual no ha estado funcionando desde marzo hasta julio de 2023», denunció Aguilar.
Las amenazas contra los periodistas se intensificaron en mayo pasado, cuando dos motocicletas les persiguieron en la colonia La Pradera. «Esto nos llevó nuevamente al Ministerio Público para presentar una denuncia, pero al llegar al lugar nos dijeron que no podían abrir una investigación porque no habíamos visto los rostros de los conductores de las motocicletas y porque no había cámaras de vigilancia en la zona», relató Aguilar.
