Tegucigalpa – La diputada del partido oficialista Xiomara Hortencia Zelaya ha presentado una iniciativa de ley ante el Congreso Nacional que busca establecer una Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Según el borrador presentado, esta comisión estaría bajo la supervisión o control de la Fiscalía General.
El primer artículo del borrador propuesto establece que la CICIH tendría personalidad jurídica como querellante autónomo, con atribuciones y facultades de acusador privado por un período de cinco años.
Se especifica que el Fiscal General sería el responsable de otorgar la personalidad jurídica como querellante autónomo a cada miembro que integre la CICIH, a través de su máxima autoridad.
Entre las atribuciones de la CICIH como querellante autónomo estaría la capacidad para investigar, acusar y llevar a juicio las redes de corrupción público-privada, así como comparecer en juicios en todas las instancias con el acompañamiento del Ministerio Público.
Los objetos de investigación incluirían una amplia gama de delitos relacionados con la corrupción, como contratos de crédito público para obras de infraestructura abandonadas o defectuosas, contrabando, fraude de subvenciones y ayudas, entre otros.
Además, se establece que la CICIH podría recibir denuncias de personas naturales y jurídicas, remitiendo aquellas que estén fuera de su competencia al Ministerio Público. Para seleccionar las denuncias o hechos a investigar, se aplicaría como criterio la gravedad y cuantía del daño ocasionado.
Los gastos de la CICIH serían cubiertos mediante contribuciones del Estado de Honduras y de la comunidad internacional. En cuanto al personal de la comisión, se propone que gocen de inmunidades y exenciones de impuestos sobre su salario, emolumentos y prestaciones.
Sin embargo, la propuesta ha generado críticas. La diputada Fátima Mena expresó su preocupación por el hecho de que la entidad estaría condicionada a la supervisión del Fiscal General, señalando que esto podría afectar las negociaciones del gobierno con las Naciones Unidas para la instalación de la CICIH.
Anteriormente, la diputada Zelaya había presentado una propuesta para la llegada de la comisión anticorrupción como reforma constitucional, lo cual requería una mayoría calificada para su aprobación.
