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Tegucigalpa

Pueblo misquito cumple 75 días de protestas contra construcción de megacárcel en Mocorón

La diputada liberal Erika Urtecho destaca la persistencia de la comunidad indígena que pasó festividades navideñas protestando contra el proyecto carcelario que pretende albergar a 20 mil reclusos en territorio ancestral.

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Tegucigalpa – El conflicto entre el gobierno hondureño y el pueblo misquito en el departamento de Gracias a Dios ha alcanzado un hito significativo al cumplirse 75 días de protestas permanentes contra la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en Mocorón, según informó la diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho.

La determinación de la comunidad indígena se ha mantenido firme incluso durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, período durante el cual mantuvieron su campamento de protesta en el sitio destinado para la construcción, pese a las presiones y amenazas recibidas.

El proyecto gubernamental contempla la edificación de una megacárcel con capacidad para albergar aproximadamente 20,000 reclusos considerados de alta peligrosidad y vinculados al crimen organizado. Sin embargo, este plan ha encontrado una férrea oposición de los pobladores misquitos, quienes defienden sus derechos sobre el territorio ancestral.

La situación se ha vuelto más tensa debido al conflicto sobre la titularidad de las tierras, ya que las Fuerzas Armadas alegan que el territorio les pertenece, mientras que la comunidad misquita defiende su derecho histórico sobre estas tierras ancestrales.

A pesar de las múltiples amenazas recibidas, la comunidad indígena mantiene su posición de resistencia pacífica a través del campamento permanente, evidenciando la determinación del pueblo misquito en la defensa de su territorio y su oposición a un proyecto que consideran afectará significativamente a su comunidad.

El conflicto pone de manifiesto la continua tensión entre los proyectos de desarrollo gubernamental y los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Honduras, así como la necesidad de un diálogo más inclusivo en la planificación de proyectos de infraestructura que afectan a comunidades ancestrales.​​​​​​​​​​​​​​​​

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