Tegucigalpa – El gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, sugirió este lunes que debe de hacerse un análisis “responsable” de las exoneraciones en el país, ya que hay aprovechamiento del incentivo.
“Si se hace un análisis responsable en relación a lo que ha pasado con estos beneficios, entonces se va a poder tomar la decisión de los que se pueden dejar y los que no”, declaró.
Larios estimó que, si Honduras ordena algunas situaciones, podría convertirse en un importante centro logístico de inversiones, algo similar a Panamá.
Las evaluaciones o análisis que se hagan, deben ser bien realizados evitando omitir lo bueno y lo malo. “Hay que castigar a los que han actuado mal”, reiteró.
En días recientes, desde el Ejecutivo se anunció una profunda reforma de Ley de Justicia Tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones en instaurar un sistema progresivo y justo, “sin aumentar nuevos impuestos”.
Además, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, dijo que las exoneraciones no retornan ningún beneficio, el discurso y la narrativa es que se hacen para atraer inversión y generar empleo, pero en la práctica no es así.
El analista de temas financieros, Rosmel Lanza, consideró que remitir una Ley de Justicia Tributaria al Congreso de la República es un invento, pues el problema con los tributos y exoneraciones es que el Gobierno no quiere reconocer la inoperancia del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
“Lo que se debe aplicar son las normas que ya están, como el Código Tributario que fue reformado en el gobierno anterior y que tiene las penalizaciones concernientes a los aspectos relacionados a la evasión”, recomendó.
“La ley ya está, lo que pasa es que hay una inoperancia en las autoridades de la SAR, la cual hace que las recaudaciones no sean vistas”, insistió.
La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, señaló que desde el sector privado no hay oposición a una revisión y verificación de todo el estamento legal que regula las disposiciones de impuestos y exoneraciones en el país.
Aun así, indicó que la verificación debe incluir al sector empresarial, pues “el gobierno debe ver al sector empresarial como un aliado”.
Reiteró que las revisiones y verificaciones deben ser de forma conjunta, “ya que la economía hondureña es sumamente frágil y no se pueden establecer disposiciones que lo que hagan es deteriorar más la economía hondureña”.
Díaz aceptó que el gobierno está en su derecho (de acuerdo a las disposiciones legales del país), de revisar las exoneraciones, ya que son otorgadas por el Estado a través de las legislaciones y no está mal hacer un análisis del coste beneficio de las exoneraciones.
“No se puede desconocer que los empresarios son los que generan la mayor cantidad de empleos en el país, por lo que es necesario que se haga de forma socializada esa legislación”, puntualizó.
