Tegucigalpa – Tras la reciente salida de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), Kevin Rodríguez, economista de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), advierte sobre las consecuencias económicas que enfrenta el país, especialmente en el sector eléctrico.
Rodríguez destacó que de las 18 demandas interpuestas en el CIADI, 14 surgieron bajo la administración actual, siendo siete específicamente del sector eléctrico.
Estas demandas, según Rodríguez, no se resolverán automáticamente con la salida del CIADI y, de hecho, podrían exacerbar la carga financiera para el país. La renegociación de contratos llevada a cabo por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha sido una fuente significativa de conflictos, culminando en demandas internacionales que podrían resultar costosas para Honduras.
“Lejos de ahorrar, vamos a terminar pagando más por esos contratos. Además, si sumamos las demandas interpuestas por las empresas generadoras, la situación económica podría empeorar, y es la población hondureña la que va a terminar pagando los costos”, explicó Rodríguez.
Entre las demandas más recientes se incluyen las de empresarios y empresas internacionales, como el salvadoreño Víctor Miguel Silhy Zacarías y la española X-Elio Energy SL, quienes han recurrido a tratados internacionales como el CAFTA-RD para respaldar sus reclamaciones.
Otros casos incluyen el de Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios (Edemsa y EEH) y las empresas de Guatemala y Panamá que también han invocado acuerdos de libre comercio para sus demandas.
Rodríguez expresó preocupación por la percepción de seguridad jurídica en Honduras, que podría disuadir a futuros inversores, especialmente en un sector tan crítico como el energético.
“Un financista, un desarrollador no se va a arriesgar a invertir tanto dinero en un país que se ha retirado del CIADI y que tiene una baja percepción de seguridad jurídica”, concluyó.
Este retiro del CIADI pone de manifiesto los desafíos que enfrenta Honduras en términos de atraer y mantener la inversión extranjera, crucial para el desarrollo económico sostenible del país.
