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ENEE recibe 55 mil millones de lempiras del presupuesto sin garantizar resultados, critica la ASJ

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Tegucigalpa. – En una presentación realizada este martes, Lilian Rivera, especialista en finanzas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expuso el informe sobre el Presupuesto General de la República 2023, el cual asciende a 391 mil 918 millones de lempiras, mostrando un aumento del 27 por ciento en comparación con el año 2022.

Según Rivera, una gran parte del presupuesto se destina a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con un total de 55 mil millones de lempiras, lo que equivale al 14 por ciento del presupuesto. Sin embargo, la ASJ cuestiona que estos recursos se transfieran sin ninguna condicionalidad que garantice resultados efectivos.

A pesar de que la asignación anual es de 15 mil 936 millones de lempiras, la ejecución en el primer trimestre apenas alcanza los dos mil 162 millones de lempiras.

La especialista argumentó que la administración central destina una gran cantidad de recursos a la ENEE, lo cual repercute negativamente en la asignación de recursos para la educación, la salud y otras áreas prioritarias.

En el segundo lugar de distribución presupuestaria se encuentra el servicio de la deuda, con un 14 por ciento del presupuesto asignado.

La Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud (Sesal) ocupan un lugar destacado, con un 10 por ciento de asignación presupuestaria cada una.

Es importante mencionar que el 83 por ciento del Presupuesto General de la República proviene de recursos nacionales, es decir, impuestos, tasas y tributos pagados por los hondureños.

El restante 17 por ciento corresponde a endeudamientos adquiridos a través de préstamos.

Estos datos resaltan la necesidad de una gestión eficiente y transparente en la asignación de los recursos públicos, asegurando que se destinen de manera adecuada a sectores clave como la educación, la salud y el desarrollo social.

La ASJ hace un llamado a que se establezcan mecanismos de seguimiento y control que garanticen la efectividad en el uso de los recursos presupuestarios y que se prioricen las necesidades más urgentes de la población hondureña.

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