Comenzaron las audiencias del Caso Metástasis que analiza los vínculos entre el narcotráfico y funcionarios judiciales.
Por Infobae
Desde la tarde del 14 de diciembre, se celebra la audiencia para formular cargo en contra de 31 funcionarios judiciales, funcionarios gubernamentales, ex funcionarios, policías y abogados en libre ejercicio. El mega operativo del Caso Metástasis logró detener solo a 31 de los 38 vinculados por la Fiscalía, los otros escaparon gracias a que el expresidente Rafael Correa escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que el Ministerio Público preparaba el operativo, según dijo la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.
La mañana del 14 de diciembre a 13 horas de que iniciara el operativo, Correa escribió en su cuenta de X: “Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada , un allanamiento nacional grande contra gente que está molestando a la 10/20. Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso de concurso del Consejo de la Judicatura”. Esta publicación, para algunos abogados, se podría considerar como obstrucción a la justicia, un delito que en Ecuador se sanciona con penas desde tres a cinco años de cárcel.
“Mientras estábamos preparándonos para este operativo se filtró la información. Para eso, solo hay que revisar la cuenta de la red social X, del prófugo sentenciado, señor Rafael Correa, que posteaba que se realizarían allanamientos. Y logró su cometido, fugaron aquellos que ahora no están en esta audiencia”, señaló la fiscal general.
El caso inició luego del asesinato del capo narco Leandro Norero. De acuerdo con Salazar, a partir de la muerte de Norero “se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del estado y vinculada directamente al narcotráfico”. La investigación realizada por la Fiscalía asegura que los ahora detenidos contaban con “dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos (judiciales) para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción”.
“El caso metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”, aseguró la fiscal Salazar en un video difundido en la madrugada del 14 de diciembre.
Durante la presentación de argumentos en la audiencia, Salazar dijo que “Leandro Norero había montado un aparataje comunicacional a fin de configurar se estructura delictiva, enfrentar a la justicia y buscar la impunidad”. La Fiscalía extrajo del celular de Norero más de 14.000 fojas de chat que demostrarían las conexiones del capo con jueces de la Corte Nacional de Justicia que, a decir de la fiscal, redactaban borradores para que los abogados del narcotraficante presentara y obtuviera beneficios judiciales. En esas conversaciones Norero admitiría haber dado la orden para asesinar a Harrison Salcedo, quien fue abogado del ex vicepresidente correísta Jorge Glas, del asesinado líder de Los Choneros Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña y del capo albanes Dritan Rexhepi. Norero también habría ordenado el asesinato de un periodista que tenía videos incriminatorios sobre él, pero sus sicarios mataron al periodista Gerardo Delgado por error.
En los chats también se revela que Norero seguía a Fernando Villavicencio, ex legislador y ex candidato presidencial que fue asesinado el pasado 9 de agosto. El narcotraficante también planeaba un atentado en contra de la fiscal Lidia Sarabia, que investiga el caso por supuesto lavado de activos en contra de Norero y su familia. Norero y sus abogados idean, según indican los chats presentados por la Fiscalía, varias formas de amedrentar y dañar a Sarabia. Entre las opciones que aparecen en dicha conversación están atentados que parezcan “un robo” o quemar su departamento. También se sugiere realizarle una transferencia de miles de dólares desde una cuenta extranjera para desprestigiarla y luego filtrar esa información a La Posta, un medio digital ecuatoriano que, la mañana del 15 de diciembre, ha indicado que no recibió ninguna información de ese tipo y que no se prestarían para tal acción, según dijo el periodista Andersson Boscán en su programa matutino.
La fiscal Salazar, a quien el correísmo pretende enjuiciar políticamente en la Legislatura, ha reiterado la descomposición del sistema judicial ecuatoriano y de los actores vinculados a este: “Se puede evidenciar que no solo las instituciones de justicia fueron captadas por el crimen organizado… Los investigadores, los Policías, están al servicio del narco… Los policías pasaron a servir y proteger al narcotráfico… Los abogados se encargaban de viabilizar la compra de la justicia y fraudes procesales, que se habían planificado para obtener la libertad e impunidad”, dijo durante la audiciencia.
A las 03:30 (hora de Ecuador), la Fiscalía solicitó al juez que disponga la prisión preventiva para los procesados salvo para el ex juez Ronald Guerrero, para quien pidió arresto domiciliario por ser adulto mayor. También el Ministerio Público solicitó que se retengan las cuentas bancarias de los procesados y que se aplique la prohibición de enajenar bienes de todos los vinculados.
La audiencia continúa con los pedidos y argumentos de los abogados de cada uno de los procesados.
