Washington. – El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución en la que se expresa la “grave preocupación” por la situación en Nicaragua después de que el gobierno liderado por Daniel Ortega no haya impulsado una reforma electoral para las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre.
El texto, aprobado con 26 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones en sesión extraordinaria, se rige de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana para garantizar unos comicios “libres, justos y transparentes”.
Al mismo tiempo, el documento condena “inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas” a candidatos y partidos políticos, así como a periodistas y medios de comunicación independientes. Con todo, se pide “la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos”.
La situación se agravó hace unas semanas cuando Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial opositora, fue puesta bajo arresto domiciliario e inhabilitada para participar en las elecciones generales.
Ante este escenario, la OEA insta “enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables” con el objetivo de promover unas elecciones con todas las garantías legales.
Bradley Freden, representante de Estados Unidos ante la OEA, lamentó en la sesión que el ejecutivo de Ortega haya hecho caso omiso a pesar de las insistentes peticiones ejercidas por parte de la comunidad internacional.
“Es lamentable que nos encontremos hoy aquí para hablar de la situación en Nicaragua, a pesar de años de ofrecimientos y de buena fe para ayudar a Nicaragua, para que su marco electoral permita al pueblo seleccionar a sus líderes en elecciones justas y libres. Pero esos ofrecimientos han sido rechazados”, manifestó.
Cinco personas fueron arrestadas el domingo, con lo que aumentó a 13 el número de opositores encarcelados. Cuatro de ellos son precandidatos presidenciales y nueve líderes opositores, incluyendo exguerrilleros sandinistas.
En esa línea, el alto funcionario alertó de la grave situación al considerar que “el régimen (nicaragüense) controla todos los poderes del país”, con el objetivo de, según él, “socavar la democracia en Nicaragua”.
“La OEA debe insistir para que el Gobierno cumpla con sus compromisos de la Carta Interamericana, porque no podemos permitir que Ortega consolide otra dictadura en el hemisferio”, agregó.
Por su parte, el representante por Nicaragua ante el organismo, el embajador Luis Alvarado, rechazó esta resolución en nombre del Gobierno de Daniel Ortega al considerar que la OEA está haciendo injerencia sobre asuntos internos del país.
“Es inadmisible y no tiene ningún efecto vinculante para el Gobierno de Nicaragua. Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos internos de Nicaragua y en otros estados miembros de la Organización”, expresó.
