Tegucigalpa. – Blanca Izaguirre, directora de Conadeh, recomendó este martes desarrollar una política penitenciaria integral con enfoque de derechos humanos para enfrentar la crisis que se vive al interior de las cárceles del país, que ha dejado más de 987 muertes violentas de personas privadas de libertad. en los últimos 20 años (2003 – 2022).
Afirmó que la militarización nunca debe ser una de las acciones que se deben tomar y que lo fundamental es desarrollar una política penitenciaria integral con enfoque de derechos humanos, en la que se involucren diferentes facetas de la sociedad.
El titular de la Conadeh no descarta denunciar al Estado hondureño ante tribunales internacionales si desobedece los consejos de los órganos de tratados para atender los problemas que existen en las cárceles de la nación.
Advirtió que, de ser necesario, interpondrá recursos de inconstitucionalidad si las acciones que se toman para atender la grave situación en las prisiones no priorizan el respeto a los derechos humanos.
Recordó que Honduras había ratificado la Convención contra la Tortura así como su protocolo facultativo, que obliga a los Estados a establecer mecanismos internos para prevenir la tortura.
El 8 de abril se produjeron varios motines de internos en la Penitenciaría Nacional de Tamara, el Centro Penal Siria de El Porvenir, Francisco Morazán, el Centro Penal La Tolva de Morocel, El Paraso y el Centro Penal Ilama de Santa Bárbara.
Ante esta circunstancia, la Conadeh enfatizó al Instituto Nacional Penitenciario (INM) la exigencia de “diseñar un plan de trabajo interinstitucional, con la participación de ese organismo y el MNP-Conaprev, destinado a recuperar el control interno de los centros penitenciarios que ha sido históricamente delegado a los propios reclusos”.
La defensora del Pueblo recordó a las autoridades hondureñas que las Reglas Mandela, las Reglas Mínimas Estándar para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, establecen que “la disciplina y el orden se mantendrán sin imponer más restricciones de las necesarias para garantizar la custodia segura, el funcionamiento seguro del establecimiento penitenciario y la buena organización de la vida en común”.
En términos de seguridad, continúa, cualquier medida de intervención en el sistema penitenciario debe abordar problemas estructurales como el hacinamiento, las condiciones inestables, la falta de control interno, la falta de financiación adecuada y la falta de personal.
En las 26 cárceles de todo el país, se informa que hay alrededor de 19.563 personas que están encarceladas y sin acceso a su libertad.
En las cárceles y centros de detención del país existen alrededor de 18 mil 292 hombres privados de libertad, de los cuales 9 mil 232 (50 punto 47 por ciento) se encuentran sentenciados y 9 mil 60 (49 punto 53 por ciento) se encuentran en condiciones similares a las de un prisión). procesada.
Hay 1.158 mujeres en prisión, 550 de las cuales (o el 47 por ciento) ya han recibido sentencias, y 608 (o el 53 por ciento) aún están siendo investigadas.
Además, 129 hombres extranjeros de diversas nacionalidades están presos en Honduras; 66 (51%) de estos hombres ya han recibido sentencias, mientras que 63 (49%) aún enfrentan cargos.
Además, se encuentran encarceladas siete mujeres de nacionalidad extranjera; cinco de ellos recibieron sentencias y los otros dos enfrentan acciones legales.
Se cree que alrededor de 3.860 reclusos están hacinados en las cárceles y al menos 20 centros penitenciarios están hacinados.
Izaguirre enfatizó la necesidad de una progresiva desmilitarización del sistema penitenciario para que las autoridades civiles asuman la gestión con los recursos necesarios. Esto es esencial para cumplir con las obligaciones internacionales en esta área.
Emitió una terrible advertencia de que la restauración del control militar sobre la administración penitenciaria sería desastrosa para los derechos humanos.
Enfatizó a las autoridades estatales su responsabilidad de realizar una investigación exhaustiva de los hechos, garantizando el derecho a la vida e integridad de las personas privadas de libertad.
Para garantizar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria, el Estado hondureño declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario del país en diciembre de 2019.
En las cárceles de Honduras entre 2003 y 2022, se estima que más de 987 presos perecieron violentamente.
